Miguel Jaramillo Luján*
Las confrontaciones militares parecen estar en el ADN de Centroamérica. De Guatemala a Panamá hay historias cíclicas que se repiten como consecuencia de múltiples factores detonados por la corrupción, la inequidad y la intervención de las libertades, empezando por las personas y terminando con el mercado; muchas lecciones aprendidas e incluso heridas qué asimilar en estos tiempos de pos acuerdo para Colombia.
Un cartel con cientos de caras de desaparecidos parece clamar justicia en una pared del mercado principal en una plaza de ciudad de Guatemala, mientras una parada militar recibe el flash de las fotografías de las principales agencias del mundo en la plaza mayor de San Salvador. Ocho años separan ambos países de la firma de un acuerdo de cesa al conflicto bélico que solo en El Salvador dejó más de 75.000 muertos y un número adicional de desaparecidos.
Dar un vistazo a Nicaragua, Haití u Honduras es comprobar que hay un caldo de cultivo histórico similar, al que se suman problemas urbanos como los que padecen con altos índices ciudades como San Pedro Sula o Managua por cuenta de las bandas ilegales, soportadas por el combustible del narcotráfico y otras fuentes de financiación que fortalecen su accionar por encima de la legalidad que debería ejercer el Estado. Los perdedores son siempre los mismos, los más vulnerables: jóvenes, niños y niñas quienes en medio de la falta de oportunidades se ven forzados a integrar estos círculos con una muerte violenta o una degradación inevitable.
Tres macro defectos de estas sociedades han impedido que el tejido de los acuerdos post guerra o post conflicto, hayan sembrado mayor equidad, desarrollo y bienestar para sus pobladores y son retos que han ido enfrentando poco a poco los gobiernos y organizaciones civiles, saltando los obstáculos que pone la ilegalidad.
La corrupción es una pandemia que afecta países como Guatemala, El Salvador y Honduras según el último índice dado a conocer por Transparencia Internacional pero no es ajeno a los países del sur como Costa Rica y Panamá. Según la Asociación de Detectores de fraude certificados de Estados Unidos, AFCE, el costo del fraude y la corrupción a nivel privado en Centroamérica podría llegar a un 5 por ciento del volumen de negocios que se realizan en estos países. Para el ciudadano esto se refleja en precios mayores que afectan su bolsillo y para los Estados en un menor margen de poder prestar servicios con eficiencia y eficacia para hacerle frente a frentes prioritarios como la lucha contra la pobreza y la miseria. Transparencia internacional ubica en los últimos lugares a varios países de esta región y aunque se han hecho esfuerzos, la eficiencia de la justicia no llega a los resultados efectivos.
La inequidad, comprendida como el acceso a una oferta del Estado y la sociedad en gobernanza para poder superar la barrera de la pobreza y la miseria es otro de los escollos que han tenido que atravesar estas naciones centro americanas y antillanas en la búsqueda de mejores niveles de bienestar. El modelo de Cuba fracasó y hoy miles de cubanos se la “luchan” como ellos mismos afirman en Estados Unidos, México, Europa y otras latitudes en busca de recursos para enviar a sus familiares quienes siguen aun en la isla donde la transición en el respeto a las libertades y la apertura al mundo se ha demorado más de la cuenta y el fracaso del modelo socialista sigue exponiendo su caducidad al mundo como alternativa en el péndulo mientras las cifras de desarrollo humano integral en ciudades como La Habana son el mejor indicador para señalar que los niños y niñas cubanas no tienen hoy una opción distinta a salir de su país para lograr lograr cobertura en servicios básicos como salud, educación y vivienda.
El tercer y uno de los más graves problemas que afecta a la región e incluso a todo América Latina es la presencia de modelos ideológicos que usan discursos edulcorados y confusos para hablar de equidad y de libertad, pero luego de que llegan al gobierno son los primeros en reprimir las libertades individuales, afectar a los sectores productivos del país en detrimento de la generación de empleo y productividad; perseguir y cerrar medios de comunicación y generar crecimientos negativos. Es el caso de países como Nicaragua donde el crecimiento económico en 2018 marco una contracción de -3.8, el año anterior las cifras fueron peores y se alcanzó un -5.0% y según los comerciantes las ventas sobre el final del año anterior cayeron en un 45% lo cual no hace muy alentador este 2020 para los habitantes de ese país, hoy afectado por un gobierno autoritario, censor de prensa, perseguidor de empresarios e inversión extranjera y populista como lo evidencian las decisiones gubernamentales del presidente Ortega.
Sin duda hablar de Centroamérica es hablar de oportunidades, pues el crecimiento de 2020 se vislumbra que doblará al de Suramérica, en escenarios con mucho por gestar y enormes vías del desarrollo que no deben truncarse por círculos viciosos con nuevos conflictos sociales que desencadene en guerras civiles que siempre han sido motivo para retroceder. Equidad con trasparencia y respeto a las libertades es la triada que hoy urge como política transnacional en Centroamérica.
* Magíster en Gobierno de Universidad EAFIT, Colombia; Máster Comunicación de U. Complutense de España y Licenciado en Comunicación-Periodismo de UPB, Colombia. Autor del libro Marca Poder, el Poder como Marca editado por Planeta. Elegido entre las 100 personas más influyentes de la Política en América Latina en 2019 por la Revista Washington Compol. En España, Perú, Ecuador, México y Colombia ha laborado como consultor, estratega y asesor. Director y Ancor de www.jaramillolujan.com